El déficit fiscal volvió a empeorar en el mes de mayo, alcanzando el 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el resultado del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en los últimos doce meses cerrados. Esta cifra representa un deterioro de 0,4 puntos porcentuales respecto del período móvil anterior, y vuelve a poner en alerta a las autoridades económicas en un momento clave para la planificación presupuestaria del nuevo período de gobierno.
El nuevo dato se inscribe en una tendencia que preocupa a la conducción económica, ya que limita el margen de maniobra para el diseño del próximo Presupuesto Nacional. Con una economía que muestra señales de estancamiento en algunos sectores y una presión creciente por parte de actores sociales y políticos que reclaman mayores recursos, el aumento del déficit fiscal pone en evidencia las dificultades para mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y demandas sociales.
Según el informe oficial, la disminución en el resultado fiscal se atribuye principalmente a una caída en los ingresos regulares tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En general, los ingresos alcanzaron el 27,1% del PBI, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior. Esta reducción se debe a una caída del 0,1% del PBI en los ingresos del Gobierno Central y una merma de igual magnitud en los ingresos del sistema de previsión.
Si bien la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una leve mejora del 0,1% del PBI, este incremento no logró compensar la caída global. La estructura de ingresos sigue mostrando fragilidades, sobre todo ante la falta de dinamismo en ciertos sectores de la economía que impactan directamente en la recaudación tributaria.
En paralelo, los egresos primarios del GC-BPS aumentaron y se ubicaron en 28,2% del PBI, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales. Este crecimiento se explica por un mayor nivel de transferencias tanto del Banco de Previsión Social como del Gobierno Central, y por un aumento en el gasto de inversiones de este último. Estos gastos, si bien responden a políticas públicas y compromisos sociales, contribuyen a ampliar la brecha fiscal.
Con respecto al abono de intereses de la deuda, estos permanecieron constantes en 2,5% del PBI, sin cambios en comparación con el mes precedente. Este elemento no tuvo un impacto en el empeoramiento del resultado fiscal, aunque sigue siendo una carga importante para las finanzas públicas.
Por otra parte, los resultados del Banco Central del Uruguay (BCU) evidenciaron una ligera mejoría, alcanzando el -0,9% del PIB, debido a una disminución en los intereses pagados. No obstante, el resultado total del Sector Público consolidado (que abarca todas las entidades estatales) se situó en -3,8% del PIB, indicando un empeoramiento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la cifra de abril.
El escenario fiscal desafía directamente los objetivos del gobierno, que había manifestado su intención de mantener el control del déficit como parte de una estrategia de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las restricciones presupuestarias, sumadas a las urgencias sociales y a las expectativas depositadas en el nuevo ciclo de gestión, dificultan el cumplimiento de esta meta sin recurrir a ajustes o reformas estructurales.
Este contexto vuelve a encender las alarmas en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La postergación de decisiones clave, como la reforma de algunas cajas previsionales —entre ellas la de profesionales— también podría tener un impacto negativo en los próximos meses, aumentando las tensiones fiscales.
La circunstancia fuerza al equipo económico a reevaluar las previsiones y considerar ajustes en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas acercándose y un contexto regional complicado, los números de mayo representan un cambio crucial en la estrategia fiscal del gobierno, el cual tendrá que optar por seguir la misma dirección o modificar el curso.
