El secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no será expulsado de la formación política, al menos por ahora, a pesar de que su Código Ético establece la obligación de solicitar la baja voluntaria cuando se dicta auto de apertura de juicio oral contra un afiliado. Si no se cumple esta norma, el reglamento contempla la suspensión cautelar de militancia y, eventualmente, la expulsión. Sin embargo, el partido ha decidido aplazar cualquier medida hasta que se resuelvan los recursos pendientes relacionados con el caso.
Las acusaciones contra Gallardo surgen de una investigación por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, un caso que involucra presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía ha recurrido la apertura de juicio oral, argumentando discrepancias con los razonamientos de la jueza instructora. Este recurso, junto con otros procedimientos legales, puede alterar el curso del caso, incluso llegando al archivo definitivo de las acusaciones.
El grupo político se apoya igualmente en una alteración reciente de sus Normas, ratificada en el Congreso Federal más reciente. Esta modificación posibilita excepciones en la ejecución del Código Ético cuando se estima que los procesos judiciales persiguen objetivos políticos. Conforme a la disposición transitoria número seis de las Normas, aquellos involucrados pueden pedir que cualquier medida disciplinaria se aplace hasta que haya un fallo definitivo. Este reglamento ha funcionado como fundamento para que Gallardo mantenga su posición tanto en su responsabilidad pública como en su función dentro del grupo, mientras sigue con su defensa legal.
El Reglamento Moral del partido indica que los miembros deben ser suspendidos de forma automática al emitirse un auto de apertura de juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Desde un punto de vista legal, este auto se expide cuando la corte ve pruebas suficientes de un delito y una acusación oficializa la petición de juicio. A pesar de que el auto de apertura de juicio oral no permite apelación, el auto anterior que lo fundamenta sí lo permite. En esta situación, la Fiscalía y otras partes han presentado recursos que podrían resultar en el cierre del caso, lo que fortalecería la postura de Gallardo.
El caso también ha generado tensiones dentro del partido. Gallardo, quien asumió el liderazgo en Extremadura en 2024, no siempre ha estado alineado con la dirección nacional. Su postura crítica hacia ciertas políticas, como la amnistía, ha generado discrepancias con la cúpula del partido, que lo considera un líder difícil de manejar. Estas tensiones se intensificaron tras su imputación por presunta malversación de caudales públicos, un hecho que algunos interpretaron como una oportunidad para deslegitimarlo políticamente. A pesar de estos desafíos internos, Gallardo logró revalidar su liderazgo en las primarias con un amplio respaldo.
Por otro lado, el caso en cuestión tiene un trasfondo político evidente para el partido. Las acusaciones iniciales fueron impulsadas por organizaciones judiciales y políticas que históricamente han criticado a la formación. Entre las entidades personadas en el caso se encuentran colectivos conservadores y partidos de la oposición, quienes han aprovechado la situación para cuestionar la integridad del secretario general extremeño.
